PUBLICACIÓN RESOLUCIONES TEAC

La Base de Datos de Doctrina y Criterios del TEAC (DYCTEAC) publica, con fecha 4-05-18, las siguientes Resoluciones de interés:

Criterio 1 de la resolución 01903/2017/00/00 del 26/04/2018
Procedimiento de recaudación. Domiciliación del pago. La cuestión que se plantea en el presente recurso se centra en determinar si, en el caso de que no se atienda a su vencimiento la domiciliación del pago de la deuda en una entidad de crédito, bastaría para acreditar la conformidad a derecho de la no imputación al obligado al pago, que la domiciliación se haya llevado a cabo de acuerdo con el procedimiento y plazos establecidos o, por el contrario, es preceptivo acreditar la existencia de saldo en la cuenta de domiciliación el día del adeudo.

Criterio: 

En el supuesto de que una domiciliación realizada por el obligado al pago en una entidad de crédito no sea atendida a su vencimiento, no bastará con demostrar por parte del obligado que la domiciliación se realizó de acuerdo con el procedimiento y plazos establecidos en cada caso para que no se le pueda imputar el incumplimiento, sino que es preceptivo que acredite la existencia de saldo en la cuenta de domiciliación el día del adeudo.

Unificación de criterio

RES TEAC 01903-2017-00-00, de 26-04-18

 

Criterio 1 de la resolución 02414/2016/00/00 del 26/04/2018
Responsabilidad subsidiaria por cese. La cuestión que se plantea en el presente recurso consiste en determinar si ha de tomarse una única fecha del cese de la actividad para determinar cuál ha de ser el alcance de la responsabilidad que se exija al administrador al amparo de lo dispuesto en el artículo 43.1.b) de la LGT, cuando una entidad realiza varias actividades pertenecientes a la misma rama, aunque clasificadas en epígrafes distintos del IAE y desarrolladas en locales diferentes, y tiene fechas de baja distintas en el IAE.

Criterio: 

A los efectos de la responsabilidad subsidiaria regulada en el artículo 43.1.b) de la Ley General Tributaria, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el cese de actividades ha de ser completo, definitivo e irreversible, no bastando una cesación meramente parcial o la suspensión temporal de las actividades. No obstante, la exigencia de paralización de la actividad mercantil ha de matizarse en cada caso al objeto de evitar posibles conductas fraudulentas, por lo que el cese no puede identificarse siempre con la desaparición íntegra de todo tipo de actuación, pudiendo apreciarse el mismo en aquellos supuestos en que, a fin de eludir las responsabilidades que pudieran resultar exigibles en el pago de las deudas tributarias, se simule la existencia de cierta actividad o se mantenga un nivel mínimo de actuaciones derivado de la simple inercia del tráfico comercial.

El cese de las actividades de una entidad mercantil, sin perjuicio de que pudiera ser un cese jurídico es, en la mayoría de la ocasiones, un cese de hecho, es decir, un elemento fáctico deducido de indicios que hacen presumir una inactividad, los cuales, entre otros, pueden ser la falta de actividad en las instalaciones, abandono del domicilio social, disminución significativa de compras y ventas, baja de trabajadores, falta de presentación de autoliquidaciones, presentación con resultados negativo o con importante disminución de sus importes, cancelación de cuentas bancarias, baja a efectos del IAE, etc.

Muchas son las sentencias que no sitúan este cese de hecho en un momento temporal concreto, sino a lo largo de un ejercicio, acorde con las circunstancias que, a través del mecanismo de la prueba, dejan constancia de esta ausencia de actividad. Entre otras, podemos citar la sentencia del Tribunal Supremo de 24.01.2017 (Rec. 3034/2015). Y siendo varias las actividades en las que una entidad figura dada de alta en el IAE, si la baja en este impuesto es uno de los indicios de los que se desprende el cese de hecho, pueden llegar a existir varias fechas de cese respecto de cada una de las actividades.

Unificación de criterio.

RES TEAC 02414-2016-00-00, de 26-04-18

 

Criterio 1 de la resolución 05957/2017/00/00 del 26/04/2018
Recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio. Inadmisibilidad.

Criterio: 

No es admisible a trámite un recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio si se aprecia incongruencia entre lo solicitado por el Director recurrente en dicho recurso y los criterios aplicados por el TEAR en la resolución impugnada, pues no concurre ninguno de los motivos exigidos por el apartado 1 del artículo 242 de la LGT para su admisión a trámite.

En sentido similar se ha manifestado este Tribunal Central en sus resoluciones de 4 de diciembre de 2007 (RG 3213/2007) y de 22 de septiembre de 2015 (RG 3242/2015).

RES TEAC 05957-2017-00-00, de 26-04-18

 

Criterio 1 de la resolución 06048/2017/00/00 del 26/04/2018
Domiciliación de pagos. La cuestión controvertida consiste, por tanto, en determinar si la modificación de la cuenta de domiciliación de pagos puede hacerse únicamente por los medios y en la forma que se establecen en el artículo 4.4 de la Orden EHA/1658/2009, siendo necesaria la aceptación expresa de la Administración para que surta efectos, como sostiene la Directora recurrente o si, como se desprende de la resolución del TEAR,  dicha modificación puede hacerse por fax o por escrito, bastando la aceptación tácita.

Criterio: 

El artículo 4.4 de la Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio, ha de aplicarse en sus propios términos, de manera que la modificación de la cuenta de domiciliación bancaria de pagos solo puede hacerse por los medios y en la forma que en él se establecen, siendo necesaria la aceptación expresa de la Administración para que la modificación surta efectos y sin que la solicitud efectuada por medios distintos genere derecho o expectativa alguno.

Así, conforme a lo dispuesto en el artículo 4.4 de dicha Orden, la modificación de cuenta de domiciliación puede solicitarse por vía telemática o telefónica y en la forma concreta que la norma establece y no en otra; en ambos casos la solicitud debe ser aceptada por la Administración tributaria.

En el caso de que sea aceptada entre los días 1 y 15 del mes surtirá efectos respecto de los plazos o fracciones que venzan desde el día 5 del mes siguiente; si es aceptada de forma expresa entre los días 16 y el último del mes surtirá efectos desde el día 20 del mes siguiente.

Las solicitudes que no cumplan los requisitos y condiciones del artículo 4.4 no surtirán efectos ante la Agencia Tributaria, de forma tal que cuando la solicitud se hace fuera de los dos cauces previstos no puede producirse ningún rechazo expreso, , no cabiendo tampoco la aceptación tácita.

Unificación de criterio

RES TEAC 06048-2017-00-00, de 26-04-18


Criterio 1 de la resolución 06063/2017/00/00 del 26/04/2018
Requerimientos administrativos. Aplicabilidad del artículo 76 de la Ley 30/1992 de 26 de diciembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común -actualmente artículo 68.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administración Común de las Administraciones Públicas- en los casos en los que, presentada una solicitud de aplazamiento por el interesado sobre el que se practica un requerimiento administrativo para cuya subsanación la normativa tributaria prevé un plazo de diez días, el interesado aportase la documentación solicitada un vez transcurrido el plazo de los días hábiles con los que cuenta a partir de la fecha de notificación, si bien en fecha anterior al acuerdo de archivo de la solicitud de aplazamiento.

Criterio: 

En el caso de una solicitud de aplazamiento/fraccionamiento presentada en período voluntario, que ha dado lugar a un requerimiento administrativo frente al solicitante – en los casos de que dicha solicitud no reúna los requisitos establecidos en la normativa o no se acompañe de los documentos preceptivos-, a fin de completar la documentación o subsanar los defectos advertidos, la normativa tributaria que prevé que si en el plazo de diez días no se contesta al requerimiento la solicitud se archive sin más trámite, es la única de aplicación, sin que sea necesario acudir a lo prescrito, con carácter supletorio, por las normas que regulan el procedimiento administrativo común, puesto que existe normativa tributaria específicamente prevista, el artículo 46 del Reglamento General de Recaudación, que además en esencia coincide con lo previsto en las disposiciones de Derecho Administrativo Común -el artículo 71.1 de la Ley 30/1992 y 68.1 de la Ley 39/2015-.

En dicho requerimiento se contendrá la indicación de que, de no atender el requerimiento en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la solicitud y se archivará sin más trámite.

El criterio anterior es aplicable incluso en el supuesto de que ese archivo se dicte con posterioridad a la contestación del interesado formulada fuera de plazo.

En el supuesto de que el plazo de diez días otorgado en el requerimiento de subsanación fuera insuficiente para que el solicitante pueda presentar correctamente la documentación solicitada, el obligado tributario podría solicitar la ampliación de dicho plazo, de conformidad con lo previsto en el artículo 91 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.

Unificación de criterio. Reitera criterio de RG 2221.2016.

RES TEAC 06063-2017-00-00, de 26-04-18

 

Criterio 1 de la resolución 06322/2016/00/00 del 26/04/2018
Domiciliación de pago. Requisitos que deben reunir las cuentas bancarias designadas para la domiciliación de los pagos de un aplazamiento y/o fraccionamiento, así como los efectos que producen en el caso de que las domiciliaciones se realicen en cuentas que no reúnen los requisitos de idoneidad y las consecuencias de la falta de pago o retraso en el mismo cuando la cuenta no sea idónea.

Criterio: 

Criterios que deben cumplir las cuentas designadas para la domiciliación de los pagos:

–     La designación de la cuenta donde se domicilien los pagos o fracciones de una deuda aplazada corresponde al propio obligado tributario. La inclusión de los datos identificativos de esa cuenta en el acuerdo de concesión del aplazamiento y fraccionamiento de pago no supone imposición de la Administración Tributaria ni tampoco que haya sido validada o aceptada por ésta.

–     La cuenta designada para el adeudo de domiciliaciones ha de cumplir las condiciones que se establecen en la Orden EHA/1658/2009.

–     Las domiciliaciones en cuentas no idóneas carecen de efectos.

–     Es el propio obligado tributario quien ha de responder de la falta de pago o del retraso en el mismo cuando haya designado una cuenta no idónea.

Unificación de criterio

RES TEAC 06322-2016-00-00, de 26-04-18

 

Criterio 1 de la resolución 02920/2015/00/00 del 21/03/2018
LGT: Procedimiento de verificación de datos. Art 131 LGT (en la liquidación impugnada no se hace constar la causa de inicio del procedimiento). Anulabilidad y nulidad de pleno derecho.

Criterio: 

Seguimos la doctrina expuesta en RG 00/00087/2016, de 05-07-2016, siendo este nuevo RG una particularidad de aquella doctrina:

No toda utilización indebida del procedimiento de verificación de datos comporta la nulidad de pleno derecho de aquél. Esto ocurrirá únicamente cuando exista un incumplimiento frontal, manifiesto, evidente y ostensible de las normas que regulan dicho procedimiento, esto es, cuando a priori, desde el inicio del procedimiento, se abordan por la Administración materias reservadas de modo claro y terminante para otros procedimientos.

Así, sin perjuicio de la amplia casuística que puede producirse en este ámbito, cabe afirmar que se incurrirá en nulidad radical o de pleno derecho en los casos siguientes:
– Cuando la Administración inicie un procedimiento de verificación de datos sin que exista previa declaración o autoliquidación presentada por el obligado tributario
– Cuando la Administración incluya dentro del objeto del procedimiento de verificación de datos la realización de actuaciones de comprobación de valor.
– Cuando la Administración incluya dentro del objeto del procedimiento de verificación de datos aclaraciones o solicite justificantes de datos que se refieran al desarrollo de actividades económicas.

Fuera de estos casos, en los que se constata desde el inicio del procedimiento un incumplimiento frontal, manifiesto, evidente y ostensible de las normas que regulan el procedimiento de verificación de datos, la utilización indebida, por sobrevenida, del procedimiento de verificación de datos, sólo será merecedora de la sanción de anulabilidad.

En el supuesto que examinamos en el expediente (liquidación TPO de una Oficina Liquidadora):

Al principio podía estar justificada la iniciación de un procedimiento de verificación de datos (en tanto de la propia documentación presentada por la entidad interesada con la autoliquidación se utilizaba el término “concesión” que podía llevar a la Administración a observar un error patente en la autoliquidación presentada), pero a la vista de las alegaciones presentadas por la entidad reclamante (sujeto comprobado en el procedimiento) debió procederse a iniciar un procedimiento más adecuado para examinar la calificación jurídica que debía hacerse del contrato celebrado entre las partes al introducir en el procedimiento la entidad reclamante cuestiones de complejidad jurídica, que van más allá de la mera apreciación de una aplicación indebida de la normativa que resultase patente de la propia declaración o autoliquidación presentada o de los justificantes aportados por el obligado tributario.

Por tanto, en el caso concreto analizado, la improcedencia del procedimiento de verificación de datos no es generadora de nulidad radical.

Reitera criterio de RG 00/00087/2016 (04-07-2016) En unificación de criterio.
Criterios relacionados: RG 00/01151/2011 (19-01-2012),  RG 00/01945/2011  (20-12-2012),  RG 00/01922/2012 ( 21-05-2015), RG 3725/2014 (20-07-2017), RG 4398/2014 (25-01-2018).

RES TEAC 02920-2015-00-00, de 21-03-18

 

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